“Exhortamos a las autoridades dominicanas a derogar todas las disposiciones legales restrictivas sobre el aborto, especialmente en casos de riesgo a la salud, incluida la salud mental, de las mujeres y niñas, así como en casos de violación o incesto y de deterioro grave del feto”, recalcaron en un comunicado.
La petición llega cuando el Senado de la República Dominicana se dispone a debatir una reforma del Código Penal relativa al aborto, aprobada y promulgada por el Presidente, Danilo Medina, en 2014.
Concretamente, la ley despenalizaba parcialmente el acceso a los servicios de aborto bajo tres circunstancias: cuando la vida de la embarazada este en riesgo, cuando el feto no pueda sobrevivir fuera del útero o cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto.
La nueva enmienda propuesta sólo permite la interrupción del embarazo cuando exista riesgo para la embarazada.
Además, establece una pena de cárcel de entre 2 y 3 años a aquellas mujeres que interrumpan su embarazo por un motivo diferente al permitido, y condenas de entre 4 y 10 años para los profesionales de la salud que los realicen.
“En comparación con el texto del Código Penal aprobado en 2014, la nueva propuesta de enmienda es un claro retroceso para los derechos de mujeres y niñas, especialmente en cuanto al acceso a servicios de salud seguros”, denunciaron los expertos.
Y agregaron que “reducir el acceso a dichos servicios de salud viola el derechos de mujeres y niñas a ser protegidas contra la discriminación basada en el género. Las leyes restrictivas sobre el aborto agravan los riesgos de salud y seguridad de las mujeres y las empuja, en algunas ocasiones, a someterse a soluciones desesperadas que amenazan su vida”.
El grupo de expertos está formado por la presidenta del grupo de trabajo sobre la discriminación de la mujer, Alda Facio; el relator especial sobre el derecho de las personas al disfrute de la salud física y mental, Dainius Puras; el relator especial sobre la tortura y otros tratos degradantes, Juan E.Méndez; y la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic.
“Urgimos al presidente Medina y a su gobierno a que adopten todas las medidas y disposiciones necesarias, de conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, para asegurar que mujeres y niñas tengan acceso efectivo y seguro a todos los servicios de salud necesarios, incluidos los servicios sexuales y reproductivos”, concluyeron.
La petición llega cuando el Senado de la República Dominicana se dispone a debatir una reforma del Código Penal relativa al aborto, aprobada y promulgada por el Presidente, Danilo Medina, en 2014.
Concretamente, la ley despenalizaba parcialmente el acceso a los servicios de aborto bajo tres circunstancias: cuando la vida de la embarazada este en riesgo, cuando el feto no pueda sobrevivir fuera del útero o cuando el embarazo sea producto de una violación o incesto.
La nueva enmienda propuesta sólo permite la interrupción del embarazo cuando exista riesgo para la embarazada.
Además, establece una pena de cárcel de entre 2 y 3 años a aquellas mujeres que interrumpan su embarazo por un motivo diferente al permitido, y condenas de entre 4 y 10 años para los profesionales de la salud que los realicen.
“En comparación con el texto del Código Penal aprobado en 2014, la nueva propuesta de enmienda es un claro retroceso para los derechos de mujeres y niñas, especialmente en cuanto al acceso a servicios de salud seguros”, denunciaron los expertos.
Y agregaron que “reducir el acceso a dichos servicios de salud viola el derechos de mujeres y niñas a ser protegidas contra la discriminación basada en el género. Las leyes restrictivas sobre el aborto agravan los riesgos de salud y seguridad de las mujeres y las empuja, en algunas ocasiones, a someterse a soluciones desesperadas que amenazan su vida”.
El grupo de expertos está formado por la presidenta del grupo de trabajo sobre la discriminación de la mujer, Alda Facio; el relator especial sobre el derecho de las personas al disfrute de la salud física y mental, Dainius Puras; el relator especial sobre la tortura y otros tratos degradantes, Juan E.Méndez; y la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic.
“Urgimos al presidente Medina y a su gobierno a que adopten todas las medidas y disposiciones necesarias, de conformidad con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, para asegurar que mujeres y niñas tengan acceso efectivo y seguro a todos los servicios de salud necesarios, incluidos los servicios sexuales y reproductivos”, concluyeron.
