Trump firmó el 25 de enero dos ordenes ejecutivas migratorias que, además de exigir la construcción de un muro con México, pedía el aumento de agentes para acelerar las redadas en busca de indocumentados, poniendo el acento en personas con antecedentes criminales, pero también faltas menores sin sentencia condenatoria.
Eso supone un endurecimiento de las deportaciones con respecto a la anterior administración de Barack Obama, que daba prioridad a las de personas con condenas criminales o delitos graves.
En los últimos días patrullas de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) han aumentado las redadas en busca de indocumentados, en las cuales, según testigos y organizaciones de inmigrantes, se han procesado para la deportación no solo a personas con antecedentes.
El miedo se ha extendido en las principales ciudades estadounidense con importante presencia de inmigrantes y las protestas se han extendido por todo el país con intentos de bloquear el traslado de los detenidos.
Funcionarios de inmigración y policiales han negado que las redadas sean un intento coordinado de acelerar deportaciones y han asegurado que es mera “rutina”.
Organizaciones en defensa de los inmigrantes informan de más de un centenar de detenidos en diversas redadas solo en el sur de California, una de las zonas con mayor presencia de inmigrantes latinoamericanos del país.