La conducta del funcionariado público “pospone la superación de la crisis histórica del sector eléctrico, a un costo de miles de millones de dólares y la condena de nuestro país a la prolongación del subdesarrollo y la pobreza”.
Destacaron que desde antes de la pre-plenaria del 17 de agosto pasado, el sector social unificado en carta dirigida a Monseñor Agripino Núñez Collado y los integrantes del Pacto Eléctrico, señaló que “por estas razones el grupo de organizaciones le informamos que retira su apoyo a todos los consensos temáticos alcanzados hasta el momento, por lo que de acuerdo a la metodología que nos dimos, todo el Pacto se encuentra en disenso”.
Calificaron el pacto como una simple maniobra que aparenta cambiar algo para que todo siga igual y empeore, profundizando la crisis del sector, asegurando el aumento de la tarifa eléctrica a consumidores y afectando más severamente las condiciones de la familia dominicana y las angustias del sector productivo del país.
“Nosotros, los consumidores y otros sectores sociales, después de tres años y más de 24 mil horas de trabajo técnico empleadas en estudiar, consultar y discutir el tema eléctrico, reiteramos que la imposición de los intereses del funcionariado y una parte de la cúpula empresarial monopólica, abortaron la posibilidad de un pacto que saneara el sector, terminara el esquema de fraude instalado en la distribución de energía y los contratos de generación, promoviendo un servicio de calidad y con tarifas”, expresó.
Recordó que desde hace tres meses el Sector Social se retiró de las discusiones y exigió el respeto a la metodología aprobada consensualmente y el funcionamiento del Comité Técnico de Apoyo (CTA), pero la Dirección Ejecutiva del Consejo Económico y Social (CES) y los representantes del gobierno central “elaboraron” presentando un documento que llena de ilegitimidad el proceso y que recoge esencialmente las posiciones del gobierno y parte de la cúpula empresarial.
Dijeron que el documento presentado como propuesta de Pacto Eléctrico es un retroceso que deteriora mucho más los derechos del consumidor establecidos en la legislación vigente desde el año 2001: más del 80% del mismo constituye una reiteración de los contenidos de la legislación y las regulaciones vigentes y continuamente violadas, mientras que el otro 20% propone contra-reformas sobre los derechos del consumidor.
Según establecieron, lo que en verdad se pretende es:
- Desconocer la deuda de miles de millones de pesos que el gobierno adeuda a los consumidores/as de energía eléctrica, y suprimir de hecho la compensación por apagones, que como establece la ley obliga al pago del 150% del costo de la energía a favor de los usuarios por cada hora de apagón.
- Eliminar el pago del 10% que los Usuarios No-Regulados (UNRs), deducible del ahorro que tienen por la compra de energía, para aplicarlo a la baja de la tarifa eléctrica.
- Violar la ley y las decisiones de justicia dejando en una especie de limbo y postergando hasta un futuro indefinido la mejora del alumbrado público municipal.
- Negar la creación de un sistema de Veeduría Social Independiente (que no sea nombrado por el gobierno) y la definición de un régimen de consecuencias, que castigue a los funcionarios y empresas estatales y a todos/as los/as que violen los acuerdos y lo establecido en las leyes y reglamentos.
- Mantener bajo control del Poder Ejecutivo a la Superintendencia de Electricidad, negar su independencia y autonomía en la regulación del mercado y la defensa del consumidor.
- Utilizar el Pacto para legitimar y encubrir la estafa contra el Estado dominicano que significa la construcción de las Plantas a Carbón de Punta Catalina.
Manifestaron sentirse profundamente frustrados debido a que las propuestas fundamentales de los consumidores y sectores sociales fueron declaradas en disensos, diluidas o simplemente eliminadas.
Asimismo, explicaron que el balance refleja un empeoramiento de las condiciones y derechos de los consumidores con respecto a las provisiones originales de la reforma del sector establecidas en la Ley General de Electricidad (125-01) y sus modificaciones. “
El resultado parece más bien una contra-reforma eléctrica en contra de los consumidores y a favor de las empresas e instituciones estatales y los grandes monopolios de generación eléctrica”, resaltaron.
Por tanto, añadieron que no hay pacto eléctrico sin los consumidores por lo que lo propuesto por el gobierno y una parte de los grupos monopólicos no ofrece ninguna garantía.
Finalmente, argumentaron entender que es moral, ética, política y espiritualmente inaceptable que los resultados principales del Pacto no incluyan el compromiso de rescindir el contrato de construcción de las centrales generadoras en Punta Catalina, la recuperación del dinero robado con las sobrevaluaciones, la aplicación estricta de la ley sobre sobornos y la expulsión de Odebrecht del país.
