Cuando un ciudadano asiste a un centro de salud, con su carnet de la administradora de riesgos (ARS), observa que la cobertura del servicio por la que cree que esa ARS paga no es todo lo que es, ni es todo lo que debe ser. Eso comienza con el sobrecosto de la consulta pagada en efectivos por el afiliado, con los sobre copagos pagados en efectivos, y con los sobreprecios de la medicina pagados en efectivos.
Y entonces descubre que para que esos servicios vitales estén disponibles, que pueden curarles o salvarle la vida, debe de pagar de su bolsillo lo que el sistema de Salud Pública, o de la Seguridad Social, en su bullanguera publicidad prometen pagar.
Esto se evidencia en que el gasto del bolsillo de los hogares en servicio de salud es estimado en 2.7% del PIB, que, si le parece poco, se le advierte que no lo es. “Es el doble que el gasto directo computado del gobierno central”, estima la Asociación por el Derecho a la Salud (Adesa).
Para el mismo año, un 2.7% del PIB en “gasto del bolsillo” equivale a 116,591.8 millones de pesos. Entonces hagamos los cálculos, no en términos netos, sino en “brutales”: en promedio por hogar, para 2019 ese gasto de bolsillo en salud representa 43,879 pesos.
Según Adesa, la tendencia de los últimos 20 años de inversión púbica en el sector salud no alcanza el 2% del PIB. Y estima que para el período 2020-2022 se reduzca hasta el 1.7% del PIB, lo que está muy por debajo del mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que desde su vigencia tiene previsto un incremento quinquenal que para el 2020 debería situar ese gasto social en 4% del PIB.
Meta olvidada
No es todo lo que es, ni es todo que debe ser. “Actualmente se invierte solo la mitad del presupuesto requerido en salud pública”, señala el informe. Y eso aleja la posibilidad de alcanzar la meta final de la Estrategia, que consiste en que para el 2030 ese gasto represente el 5% del PIB.
Y cuando se gasta, el gasto es de mala calidad. Hospitales de tercer nivel y una burocracia en el Sistema Nacional de la Seguridad Social y del Ministerio de Salud Pública, que como bestias hambrientas “consumen gran parte de los recursos destinados al sector”, que es la salud y no otra cosa.
Esta realidad del gasto y esa mala calidad del servicio se ha impuesto, pese a todas las administradoras de riesgo de salud existentes, pese a una Superintendencia de Salud rectora del sistema, y pese a un tripartito Consejo Nacional de Seguridad Social que define la cobertura del sector, muchas veces congelado por un “poder de veto” que el sector empresarial ha utilizado inteligentemente para frenar la ampliación de la cobertura de salud, en defensa del negocio privado.
Adesa es la Alianza por el Derecho a la Salud, que, como resultado de su esfuerzo, se publicó recientemente el informe titulado “Atención Primaria en Salud, situación y Retos en la República Dominicana”.
El pago directo de los hogares es “el doble del gasto directo computado del gobierno central”, observa Adesa.
Comparado con el actual presupuesto del 2019, y con el propuesto para el 2020, la estimación de Adesa no está alejada de la realidad. El presupuesto del Ministerio de Salud Púbica para el 2019 y el 2020 representa el 1.9% del PIB.
Sin embargo, cuando se estima el gasto funcional en salud para esos dos años, este porcentaje se reduce al 1.8% del PIB, lo que sigue reflejando una brecha muy significativa, en contra de los hogares, entre lo que pagan de su bolsillo y lo que presupuesta en salud el Gobierno.
“Ni la inversión pública del Gobierno, ni la entrada de los regímenes contributivos y subsidiados de la seguridad social han podido detener la escalada alcista de gasto de bolsillo de los hogares en servicios de salud”, dice el estudio de Adesa.
Un equipo de voluntarios
Este estudio es resultado de un esfuerzo voluntario y autofinanciado gracias a “un serrucho entre amigos y amigas”. Y en el que trabajó un equipo de investigación integrado por los jóvenes economistas Katherine Javier, Rafael Jovine, y Adagel Grullón. En este equipo también participaron, de forma voluntaria, la socióloga Marisela Duval y los periodistas Adalberto Grullón, Noris Decena y la experta en proyectos Rebeca Goetz.
Asimismo, el equipo de investigación conformó un consejo consultivo compuesto por las activistas sociales Alba Reyes, coordinadora de Adesa; la profesora Marisela Duval, Nicomedes Castro; y el economista Arismendi Díaz Santana, experto en seguridad social. Además, Andrea Ferreras y Francisca Peguero, dirigentes de la Asociación Nacional.
También contribuyeron “dos instituciones solidarias (que) hicieron la mayor contribución”. Se trata de Oxfam Y American Jewish World Services (AJWS), además de una red de 72 encuestadores voluntarios.
