El enfrentamiento abierto entre los presidentes de Argentina, Javier Milei, y de Venezuela, Nicolás Maduro, vive un nuevo capítulo después de que la Fiscalía venezolana anunció este miércoles la solicitud de una orden de captura contra el mandatario ultraliberal.

La justificación: el caso del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde 2022 y enviado en febrero pasado a Estados Unidos.

La medida, anunciada el miércoles por el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, representa un nuevo punto de inflexión en la fuerte crisis diplomática que atraviesan ambos países, que comenzó con la llegada de Milei a la Presidencia argentina y que se agravó tras las recientes elecciones presidenciales en el país caribeño.

El caso por el cual el Gobierno de Maduro impulsa esta medida es el de un avión venezolano-iraní, cuyos tripulantes eran sospechosos de espionaje y que estuvo retenido en Buenos Aires desde 2022 hasta que fue enviado a Estados Unidos a comienzos de este año, tras la llegada de Milei a la Presidencia y por pedido de Washington.

El Boeing 747-300M Dreamliner de carga, que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente pertenecía a Emtrasur, filial de la aerolínea venezolana Conviasa, partió rumbo a Estados Unidos el 12 de febrero, pese a las objeciones y amenazas de Caracas, que se materializaron un mes después con la prohibición del espacio aéreo de su país a aeronaves procedentes o rumbo a Argentina.

En su declaración de ayer, el fiscal general venezolano señaló que el Ejecutivo de su país tiene la facultad de «ejercer su jurisdicción» como forma de «defensa ante acciones tendentes a atacar, desconocer e irrespetar responsabilidades penales» y acusó al Gobierno argentino de cometer los delitos de «robo agravado, intimación de capitales, privación ilegítima de la libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita, inutilización de aeronave y asociación para delinquir».

Argentina respondió poco después expresando su repudio a las órdenes de aprehensión y destacando que «el mencionado caso fue resuelto por el Poder Judicial, poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no puede ni debe tener injerencia alguna, en aplicación de un acuerdo internacional».

«El Gobierno argentino recuerda al régimen venezolano que en la República Argentina impera la división de poderes y la independencia de los jueces, algo que lamentablemente no ocurre en Venezuela bajo el régimen de Nicolás Maduro», afirmó la Cancillería argentina en comunicado.

El más reciente tuvo lugar el 6 de septiembre, cuando la Cancillería argentina instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a solicitar una orden de detención contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y «otros cabecillas del régimen», ante «el agravamiento de la situación» después de los comicios presidenciales, tras reincorporarse en julio a la denuncia contra el país caribeño ante la CPI interpuesta en 2018 por varias naciones.

El episodio más resonante de los últimos meses fue, sin embargo, la expulsión de los diplomáticos argentinos de la embajada en Caracas por parte del Gobierno de Maduro, en respuesta a la denuncia de fraude del Ejecutivo de Milei, cuestión especialmente sensible dado que la sede diplomática del país suramericano brindaba asilo a seis opositores venezolanos.

Tras décadas de sintonía entre ambas naciones -desde el vínculo entre los ya fallecidos Néstor Kirchner (2003-2007) y Hugo Chávez (1999-2013) hasta la participación de Alberto Fernández (2019-2023) en contactos pro diálogo en Venezuela-, Milei y Maduro encarnan un duelo ideológico y sin freno en lo discursivo que, ahora, además, tiene su correlato diplomático.