SANTO DOMINGO.- El Gobierno y los empresarios de la República Dominicana buscan que la cesantía de los trabajadores sea asumida por un Instituto Nacional de Riesgos Laborales, denunciaron este jueves las centrales sindicales.
Rafael Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), dijo que en un anteproyecto está contemplado que la cesantía laboral sería calculada con base en el salario mínimo vigente en el sector de la economía al que pertenezca el trabajador, tomando en cuenta que en el país hay más de 14 sueldos mínimos.
La aprobación del anteproyecto y su aplicación aboliría el contenido de la Ley Laboral que establece el cálculo de las prestaciones sobre los promedios salariales del último año o fracción del último año, lo que quiere decir en resumen, que el trabajador tendría pérdida doble en esta “absurda pretensión de eliminar la cesantía de la ley laboral”.
Tras esos señalamientos, las centrales sindicales anunciaron su retiro del diálogo que se lleva a cabo en la universidad Intec sobre la reforma del Código Laboral.
Dijeron que se mantendrán en pie de lucha porque la cesantía no está en negociación.
En ese sentido, convocaron para las 10:00 de la mañana del miércoles 10 de abril una gran marcha por los derechos de los trabajadores que partirá desde el parque Enriquillo hasta el Palacio Nacional.
“Llamamos a la clase trabajadora sindicada y no sindicada y a toda la sociedad solidaria a marchar por las demandas reivindicativas de nuestro sector”, expresó Abreu.
Advirtió que si los empresarios continúan con el tema de la cesantía, «convocaremos una marcha a nivel nacional para exigir nuestros derechos».
“La clase trabajadora se encuentra altamente preocupada por la rotura de la paz laboral que, inexplicablemente, desde los sectores empresariales y gubernamentales se está promoviendo», indicó.
Agregó que «nos vemos obligados a hacer estas declaraciones a partir de los anteproyectos de reformas no consensuadas tripartitamente que habían sido prometidos por el señor Presidente, que fueron sometidos por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional».
