Uno de los peores criminales de la historia de Colombia, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias «Popeye», jefe de sicarios del capo del narcotráfico Pablo Escobar, murió este jueves a los 57 años después de pagar más de dos décadas de cárcel por algunos de los más de 3.000 asesinatos en los que confesó haber participado.

El pistolero, nacido en 1962 en Yarumal, en el departamento de Antioquia (noroeste) y que nunca se arrepintió de sus crímenes, falleció en un hospital de Bogotá en el que estaba ingresado desde el pasado 31 de diciembre por un cáncer de estómago.

El nombre de «Popeye» está vinculado con los numerosos asesinatos de jueces, periodistas, magistrados, políticos, policías y ciudadanos del común que estremecieron a Colombia en los años 80 y 90, la época del terror de Escobar.

Por esos crímenes pagó solo 23 años de cárcel pese a que se jactaba de haber asesinado con su propia mano a unas 300 personas y, como jefe de matones del cartel de Medellín, ayudado a planificar otros 3.000 homicidios.

RÉGIMEN DEL TERROR      

Entre estos asesinatos están los del director del diario El Espectador, Guillermo Cano (1986); del exprocurador general Carlos Mauro Hoyos (1998); del excandidato presidencial Luis Carlos Galán, del gobernador de Antioquia Antonio Roldán Betancur y del comandante de la Policía de ese departamento Valdemar Franklin Quintero (los tres en 1989), así como de la periodista Diana Turbay (1991).

«Fue una persona que no solo nos causó ese dolor sino que le causó un profundo dolor a muchas familias colombianas, familias de policías, de miles de personas que murieron en atentados con carro bomba», manifestó este jueves a Efe el exsenador liberal Juan Manuel Galán, hijo del excandidato presidencial.

En su carrera criminal, Velásquez también participó en numerosos atentados terroristas que dejaron centenares de muertos, como el del 27 de noviembre de 1989 cuando una bomba derribó en pleno vuelo un avión de Avianca que acababa de despegar de Bogotá con destino a Cali, causando la muerte a sus 107 ocupantes y tres personas más en tierra.

También se le procesó por el autobús cargado de dinamita que solo nueve días después mató a 63 personas al explotar la sede central del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), antigua policía secreta, desmantelada en 2011 por espiar a magistrados, periodistas y políticos.

MEMORIA Y JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS             

«Que esto sirva ante todo para recordar los crímenes que cometió y que se reconstruya la memoria de esa década de los 80 que fue tan dolorosa y tan triste para Colombia», añadió Galán a Efe.

El político lamentó que «Popeye» no haya contado todo lo que sabía de las entrañas del Cartel de Medellín y de «todo ese intento del narcotráfico por infiltrar las instituciones, los organismos de seguridad, la política y el sector privado».

«Se va debiendo buena parte de la verdad que esas víctimas han esperado durante años para saber en qué circunstancias sus seres queridos fueron asesinados, desaparecidos, secuestrados», agregó.

El terror del secuestro lo vivieron muchos colombianos, entre ellos los entonces periodistas Andrés Pastrana (1988) y Francisco Santos (1990), quienes años después llegarían a los más altos cargos del Estado, el primero como presidente de Colombia (1998-2002) y el segundo como vicepresidente (2002-2010).

Menos suerte tuvieron el exprocurador Hoyos y la periodista Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay, o la empresaria Marina Montoya, asesinados en cautiverio.

SOMETIMIENTO A LA LEY                

Su carrera criminal terminó el 9 de octubre de 1992 cuando, acosado por la persecución de la Policía colombiana con el apoyo de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y por las sentencias de muerte de un grupo armado denominado Perseguidos por Pablo Escobar (Pepes), Velásquez se entregó a la justicia.

Tan solo catorce meses después, Escobar, que había huido de una prisión construida a su antojo, fue abatido a tiros en el tejado de una casa en Medellín durante una operación policial.

«Se cierra un capítulo, hay perdón pero no olvido. Con la muerte de ‘Popeye’ realmente no sucede nada porque el país sigue mal, hay mucho narcotráfico y mucha corrupción desde el Estado, desde muchos estamentos de la Justicia», afirmó a Efe Carlos Mario Zuluaga, hijo del magistrado Gustavo Zuluaga Serna, asesinado en 1986 en Medellín.

El magistrado había tenido tres años antes, como juez Décimo Superior de Medellín, la valentía de dictar la primera orden de detención contra Escobar, entonces miembro del Congreso, por el asesinato en 1976 de dos agentes del DAS.

«La muerte de Popeye ni suma ni resta; murió sin contar muchas verdades, y muchos de los crímenes que se cometieron se van a quedar en la impunidad», agregó.

APOLOGÍA DEL DELITO    

En entrevistas que dio en la cárcel, el jefe de sicarios del cartel de Medellín se regodeaba al contar detalles escabrosos de sus crímenes, de los que no se salvaron ni amigos ni una de sus novias.

En sus declaraciones siempre manifestó lealtad y admiración por Escobar, a quien consideraba «un líder», y su vocación criminal la grabó en su piel al tatuarse en los antebrazos el título de «el general de la mafia» que exhibía orgulloso.

«Popeye» recuperó la libertad en agosto de 2014 y regresó a Medellín donde siguió haciendo confesiones en las redes sociales sobre su pasado criminal e incluso se convirtió en «youtuber».

Sin embargo, la vida en sociedad le duró menos de tres años porque en mayo de 2018 fue detenido nuevamente por amenazar en redes sociales a seguidores del entonces candidato presidencial de izquierdas Gustavo Petro.

«‘Popeye’ era psicópata, orgulloso de todos sus actos delictivos. No creo que se haya arrepentido nunca de todo el mal que hizo a la sociedad colombiana y al mundo; estaba dedicado a no dejar morir el legado de su patrón, incluso se autodenominaba ‘el general de la mafia'», resumió el hijo del magistrado Zuluaga.