La Procuraduría General de la República, Miriam Germán Brito, en un paso que parece encaminado a poner en movimiento la acción pública contra casos de corrupción, ha asumido la investigación de varios expedientes sobre actos de corrupción que tenía apoderada la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos.
La jefa del Ministerio Público solicito a la fiscal titular el desapoderamiento y la devolución de los expedientes, incluyendo la denuncia de corrupción contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI) que presidía Berlinesa Franco, por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activo.
Según la denuncia, se cometieron presuntas irregularidades en el IAIPI para favorecer a una empresa, hasta el momento desconocida, con una licitación valorada en $100 millones de pesos para la entrega de 40 mil kits de alimentos, cada uno valorados en $2,500 pesos.
Germán Brito manifestó que decidio quitarle los expedientes a la fiscal, como parte de una reingeniería enfocada en la transformación integral de las indagatorias de los procesos relativos a ese delito, tras señalar que los casos habían sido remitidos a esa instancia “de manera segmentada y sin criterio definido”.
Indicó que había pedido a la fiscal Ramos, mediante oficio del 25 de agosto, una lista de los casos de corrupción que se encontraban en esa jurisdicción y que luego otorgó un plazo de 48 horas para su remisión ante la Procuraduría General, en donde lo asumirá junto a un equipo de su gestión.
Señaló que los citados casos ameritan ser investiga
dos siguiendo los mismos parámetros objetivos elaborados por el Ministerio Público que encabeza para que haya un procedimiento estandarizado, ya que las denuncias se enviaron de forma discrecional al Distrito y sin seguir ningún parámetro razonable que lo justificara.
“Las investigaciones de corrupción requieren de una gestión integral que permita disponer del capital humano y los recursos técnicos indispensables para la persecución efectiva que demandan. En ese contexto, recuerda que “realizar los procesos de investigación en varias dependencias puede atentar contra el plazo razonable que se debe observar por mandato de la ley”. La jefa del Ministerio Público deploró que hasta el momento en República Dominicana los casos de corrupción se hayan investigado y procesado siguiendo acciones aisladas y sin las herramientas necesarias para instrumentar los procesos a la altura de las acciones criminales complejas a las que pertenecen y que son propias del crimen organizado.
Otros expedientes
Además, el caso de corrupción administrativa de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) que involucra a Manuel Rivas Faustino y compartes, así como el del Consejo Estatal de Azúcar (CEA), encabezado por Pedro César Mota Pacheco y compartes.
