Ángel LockwardEl Presidente de la República, según la Constitución es el Jefe del Estado y del Gobierno El Ministro de Justicia, que denominamos Procurador General de la República, es un miembro más del gabinete, que tiene a su cargo la política del Estado contra la criminalidad, como establece el 169.
Luís Abinader hasta ahora es un Presidente bueno. Pero la Justicia es independiente desde 1997. Solo estuvo afectada por la larga permanencia en el poder de un partido político y, doña Miriam German, formada como jueza a lo largo de más de 35 años de carrera, es e iba a ser independiente de todas formas, porque además, siempre lo fue. Pero, se trata de una independencia funcional y jurisdiccional, ajena a la intervención política, no al Gobierno del que es parte, ni a la política pública general de éste.
El país amaneció positivamente conturbado el lunes 30 -por las detenciones– en allanamientos y apresamientos nocturnos y, creo que el Presidente no lo sabía: Grave error.
La audiencia de medidas de coerción que concluyó el martes, se constituyó en un circo romano cuya presión ningún Juez puede soportar; no hay derecho que sobreviva a esa situación puesto que la primera víctima es la Justicia: El Juez penal actuó como Salomón concedió el mínimo a las turbas y garantizó el máximo posible a los imputados para que en tres meses las aguas se calmen y otro magistrado pueda actuar con un ambiente más sosegado: Sus decisiones de imponer tres meses a la mayoría en diversas categorías de restricciones, fue adecuada, si no hace eso, le linchan moralmente. En la democracia moderna no existe la condena por aclamación, pero lo cierto es que, son frecuentes: Los medios condenan a justos y pecadores y cuando en calma la Justicia se pronuncia, es imposible borrar las manchas de las redes y de la conciencia pública. Hay, además, toda suerte de charlatanes que usan la denuncia por los medios, como mecanismo de chantaje.
Estoy persuadido de la culpa del joven Medina Sánchez, por tráfico de influencia y enriquecimiento y, por extensión, de sus empleados como cómplices, tal vez de algún otro, pero no de todos.
Luis quiere la Justicia propia de un Estado de derecho, y eso requiere que esta se sujete al debido proceso, no solo porque eso puede suceder a su gente en cuatro u ocho años, sino porque lo contrario, no es Justicia: Todo Presidente, cuando inicia, está seguro de hacer lo correcto… pero otros más tarde pueden verlo distinto.
La Constitución del 2010 creó una jurisdicción contenciosa que tiene como atribución exclusiva anular las actuaciones irregulares de la Administración cuyos actos el artículo 10 de la Ley 107-13 reputa ejecutorios y lícitos: Esa presunción no puede destruirla la interpretación del Ministerio Pública y, menos el Juez Penal, garante de la Constitución y de los derechos fundamentales, sin prevaricar. Varios imputados lo están por resoluciones que, todavía, se presumen licitas.
Las actuaciones administrativas del Gobierno están sujetas al control previo de la Contraloría y, post de la Cámara de Cuentas; si bien puede creerse que éste órgano no ha funcionado bien, en particular luego de que el Presidente le acusara de no hacer las auditorias, en los casos en que se haya hecho, si detectó irregularidad el Ministerio Público puede y debe proceder, empero si dictaminó que no la hay, el Gobierno a través de la Procuraduría, están impedidos de la acción penal y, lo contrario es subvertir el orden constitucional que dice defender: No es destruir las instituciones lo que se debe perseguir, sino llevarlas a cumplir su papel. El PLD esta en mala situación y Danilo en desgracia – nunca he sido de ninguno de los dos – empero si la Ley no es el parámetro de las decisiones y, el respeto a los derechos fundamentales la esencia, mañana serán abusados los empresarios que hoy aplauden y los que transmiten las informaciones formales porque de las redes, nadie se libra. Quizás el morado sea el partido más corrupto de nuestra historia y, al final, se volvió ofensivamente abusador, pero el país no gana con destruir el progreso económico de 15 años de su Administración particularmente prósperos y, el Presidente Medina –ya desacreditado igual que hizo con Leonel- tras las rejas nada bueno deja para la democracia: la paradoja es que todas las leyes en que se basan las imputaciones de la Procuraduría fueron aprobadas por el PLD, Ley de la Contraloría, Ley de la Cámara de Cuentas, Ley de Lavado de Activos, Ley de Declaración Patrimonial… y, por cualesquiera de ellas ya pueden ser sometidos los actuales.
Posiblemente Abinader -quien no creo que tenga deseos de procesar a Danilo, ni a Leonel- cree que una vez se monte la ola de opinión pública, puede detenerla: No podrá.
El intentó enviar una señal de equilibrio, mesura y sobriedad con su carta por twiter, pero ya es tarde, ya es prisionero de las pasiones, del discurso y del peso de las redes en la democracia de audiencia que preside: En la historia política moderna ninguna democracia de audiencia ha concluido bien puesto que en ellas el ejecutivo pierde el control de los acontecimientos. Eso no debe permitirlo ningún Presidente.
El pánico en que están los miembros del PLD –particularmente los ex funcionarios– es merecido, pero a ellos hay que darles la seguridad de que las instituciones de la República actuaran con respeto y proporcionalidad, de lo contrario, no somos mejores; ese miedo fuera de control ya está en los huesos de los actuales funcionarios y, si bien es bueno para que se mantengan en medio de la norma, a muchos, les está impidiendo actuar en sus tareas diarias. Sólo el que desconoce las debilidades institucionales de la República puede creer que un Ministro o Director no se ve obligado a cometer diez irregularidades o violaciones administrativas –sin dolo- al día: La alternativa es detener los procesos administrativos en perjuicio de los servicios que demanda la población.
