Los escándalos de corrupción derivados del gobierno de Danilo Medina, colocan otra vez contra las cuerdas al opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD). La adversidad se precipita ahora al entrar en una compleja recomposición interna, tras la división y derrota electoral que acabaron con 20 años de control casi absoluto en las instituciones del Estado.
Su presidente, el expresidente Medina, fue un abanderado de la lucha contra la corrupción. Al inaugurar su mandato el 16 de agosto de 2012 prometió investigar las denuncias por el solo rumor público. Buscando hacer un país ético, transparente y poner fin a la impunidad.
Las falencias de esa promesa se convertiría ocho años después en un búmeran para el exgobernante y el PLD, cuando las extendidas denuncias de corrupción en el gobierno, sin ninguna consecuencia, fueron el arma a tomar por los opositores para proscribirlos del gobierno.
Un sorprendente debate marcó la pauta en 2015. El propio mandatario enfrentó al embajador de Estados Unidos en el país, James Brewster. El diplomático había advertido que la corrupción es un cáncer, que retrasa el crecimiento, afecta el comercio e impide la aplicación de la ley.
Medina, molesto, desorbitó los ojos de la población: “Es que hablar en términos genéricos siempre es peligroso, porque cuál es la corrupción, dónde están los escándalos en términos de corrupción en el Estado dominicano”.
En su gobierno estallaron casos como los de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (Amsa), Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa). Y el mega escándalo de Odebrecht, entre una infinidad de denuncias.
Pero antes, en 2013, ya la capacidad de asombro de los dominicanos había rodado por el pavimento. La entonces presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte, admitió sin ruborizarse, que con el dinero que se roba en la administración pública se podría construir otra República Dominicana.
También durante la administración de Medina (2012-2016 y 2016-2020), sectores políticos y de la sociedad civil sostenían la existencia de una estructura de corrupción organizada en el gobierno. Se señalaba, inclusive, a miembros de la alta dirigencia del PLD.
Al abandonar el poder el 16 de agosto y la instalación de una Procuraduría independiente del Ejecutivo, estalló la Operación AntiPulpo, escándalo de corrupción que mantiene en prisión a dos hermanos del exjefe de Estado y varios funcionarios de su gobierno.
Las acciones continuaron el 22 de febrero con la Operación Caracol, cuando los fiscales allanaron la Cámara de Cuentas, una institución imputada de confabularse con la corrupción en el gobierno de Medina.
El último escándalo que estremece el país es la Operación Coral, en la que fueron apresados el jefe de seguridad del expresidente Medina, mayor general Adán Cáceres, y otros cinco acusados de integrar un entramado de corrupción y estafa contra el Estado.
Independientemente de los resultados en los tribunales judiciales, estas inverosímiles actuaciones son devastadoras para el mundo peledeísta y mantienen desorientada a su máxima dirección, encabezada por el expresidente Medina.
Por primera vez no se ha podido recurrir al argumento de la persecución política, para desprestigiar los procesos judiciales contra los acusados de corrupción. Tampoco a que son presos del Palacio Nacional o del partido de gobierno. Nadie los avalaría con sensatez.
Es evidente entonces, que el PLD acostumbrada a las reacciones de poder, fue sorprendido por la dimensión de los casos de corrupción investigados, que erosionan su estrategia para regresar al gobierno en 2024 y lo obligan a revisar su táctica política.
