Santo Domingo.-El juez suplente Johan Abraham Severino del Juzgado de Atención Permanente de La Romana aplazó para el viernes 17 de octubre, la audiencia de solicitud de medida de coerción contra la hija del narcotraficante Antonio del Rosario Puente (Toño Leña), Samayra del Rosario Barreto y tres implicados más en el caso relacionado a la Operación Guepardo que investiga una red de estafa inmobiliaria en Punta Cana, La Romana y otros puntos del país.

En el transcurso de la investigación realizada por los fiscales y el Instituto Nacional de los Derechos del Consumidor (Pro consumidor), se ha establecido que los miembros de la organización delictiva recibieron la suma de US$18,851,583.12.

Junto a la hija de Toño Leña, también guardan prisión Javier Gustavo Ulloa Buenao, Loana Paola Guerrero Milian de Álvarez, y la venezolana Astrid Inmaculada Rydelils Bello.

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Los fiscales Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, procuradora fiscal titular de La Romana; Maryeling Rondon, procuradora fiscal de La Romana; la doctora Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos Financiamiento del Terrorismo; Manuel Santiago Castro Lora, procuradora general de la Corte de Apelación, solicitan prisión preventiva para los cuatro implicados.

Se les vincula a la empresa Novasco Real Estate, acusada de estafar a más de 400 adquirientes de proyectos inmobiliarios con sumas millonarias.

Mediante la «Operación Guepardo» el Ministerio Público desmanteló la red de estafa inmobiliaria en la República Dominicana que operaba a través de la empresa Novasco Real Estate y la franquicia de Re/MAX para vender proyectos que nunca se construyeron.

Supuestamente ocultaban el dinero depositado por los adquirientes, ocultarlo mediante un esquema de lavado de activos.

La fiscalía busca recuperar los activos y ha obtenido prisión preventiva para varios implicados, mientras que otro sospechoso fue arrestado en Colombia y está en proceso de extradición.

En atención al pedimento del Ministerio Público, una jueza de la Instrucción de La Romana confirmó la prisión preventiva de 18 meses impuesta a tres de los integrantes de la red de estafa electrónica y lavado de activos que fue desmantelada con la Operación Guepardo.