Manifestantes que impedían la circulación con basura, ramas de árbol y otros obstáculos se han enfrentado con las fuerzas del orden, después de que éstas intentaran despejar vías públicas en distintos lugares de Caracas y el interior del país.
El otro fallecido es Andrés Uzcátegui, de 23 años, que murió durante una manifestación en la céntrica ciudad de Valencia (Carabobo) en la que se registraron, además, 6 heridos, según la Fiscalía.
El paro forma parte de la “fase superior de la lucha cívica”, activada por la oposición después de que el pasado domingo 7,4 millones de ciudadanos rechazaran en un referéndum organizado por la oposición la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Maduro para modificar la Carta Magna.
La oposición venezolana cifra en un 85 % el cumplimiento del paro general
La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que ha publicado imágenes de calles desiertas con los comercios cerrados en numerosas ciudades, ha cifrado en 85 % el cumplimiento del paro general, que se extenderá hasta las 6.00 (10.00 GMT) del viernes.
“Ha marcado un precedente en nuestro país. Una jornada histórica que es la continuación perfecta de lo que fue el desafío político y de desobediencia civil del pasado domingo”, ha dicho el diputado opositor y vicepresidente del Parlamento Freddy Guevara, que ha citado cifras de sindicatos y representantes de varios sectores para ofrecer el balance.
Presiones y amenaza de sanciones
Los venezolanos, en cualquier caso, se debatían entre el paro y sus obligaciones. “Tengo siete obreros y les voy a pagar el jornal”, explicaba a AFP Omar, un pequeño empresario de la construcción de 34 años, al justificar su participación en el paro: “Poco importa perder un día de trabajo cuando estamos a punto de perder un país. Me uno a la movilización para intentar salvar lo poco que nos queda, para incrementar la presión”.
Otros, por el contrario, han preferido no arriesgar su empleo: “Estoy en huelga con el corazón, porque si no nos presentamos, nos despiden”, contaba a Reuters un ingeniero de 51 años que trabaja en la planta de la siderúrgica Sidor, en el estado de Bolivar, mientras esperaba el autobús de su empresa. “¿Cómo puedo comer si no trabajo?”, argumentaba José Ramón, de 50 años, cortando plátanos y melones en su puesto del mercado de Catia.
El oficialismo ha descreditado la protesta y el ministro de Trabajo, Néstor Ovalles, ha tildado de “irresponsable” la huelga, al asegurar que no tiene base legal puesto que, según ha argumentado, responde a motivos políticos y no a cuestiones laborales ni a ninguno de los aspectos contemplados en la normativa que regula el cese de actividades en las empresas. Ovalles, de hecho, ha recordado que la legislación contempla sanciones a las empresas que “vulneren el derecho al trabajo” y ha remarcado que el Ejecutivo vigilará la protesta para evitar que la “cúpula empresarial” apoye el paro.
Pese a que las encuestas muestran que en torno al 70 % de la población se opone a modificar la Constitución, el Ejecutivo mantiene su pretensión de celebrar elecciones constituyentes el próximo 30 de julio con el objetivo de formar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Carta Magna, a pesar de las presiones no solo de la oposición, que considera la iniciativa un intento del chavismo de perpetuarse en el poder, sino del exterior: esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer sanciones si se lleva a cabo el proceso constituyente.
