SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) exige al Procurador General de la República el cierre inmediato de la cárcel preventiva de San Pedro de Macorís.
El presidente de la entidad, Manuel María Mercedes, dijo que la solicitud se fundamenta en lo que vieron al visitar el penal en compañía del vicepresidente en la región este, Rafael Ureña, y el presidente de la filial de San Pedro de Macorís, Martín Santana.
“En dicha visita hemos podido ser testigos de las violaciones fragrantes de los derechos humanos de los internos que allí se cometen y de hecho la misma representa una ofensa a la dignidad humana que allí se encuentran” declaró.
Dijo que esa cárcel fue construida para albergar 30 privados de libertad y en la actualidad se encuentran más de 200 en condiciones infrahumanas que deberían estar de tránsito, mientras su permanencia es indefinida.
“Para que tengan una idea de los costos ilegales que tienen que pagar las familias que tienen algún componente detenido en esa cárcel”:
“Para pararse en al puerta de acceso hay que dar 100 pesos
Para hablar con un familiar son 200 pesos
Para entrar a la preventiva son 1,500 pesos
Pago semanal por estadía son 600 pesos
Pago semanal por la celda que tiene cama y aire condicionada son 5,000 pesos
Pase de alimentos son 1,000 pesos
Entre otros cobros ilegales”
Manifestó que “Esto es lo que mantiene abierta dicha preventiva, donde los internos son sometidos a abusos y torturas físicas y psicológicas de cada tipo y donde el índice de hacinamiento es de un 200 por ciento”.
Mercedes dijo que alrededor de 30 privados de libertad que por no poder cumplir con el pago de la garantía económica que va desde 2 mil pesos hasta 20 mil, llevan hasta un año de reclusión.
“Hemos visto también mujeres en avanzado estado de embarazo, una de ellas a pocos días de dar a la luz, y personas gravemente enfermas detenidas en esta cárcel”, indicó.
El presidente de la entidad, Manuel María Mercedes, dijo que la solicitud se fundamenta en lo que vieron al visitar el penal en compañía del vicepresidente en la región este, Rafael Ureña, y el presidente de la filial de San Pedro de Macorís, Martín Santana.
“En dicha visita hemos podido ser testigos de las violaciones fragrantes de los derechos humanos de los internos que allí se cometen y de hecho la misma representa una ofensa a la dignidad humana que allí se encuentran” declaró.
Dijo que esa cárcel fue construida para albergar 30 privados de libertad y en la actualidad se encuentran más de 200 en condiciones infrahumanas que deberían estar de tránsito, mientras su permanencia es indefinida.
“Para que tengan una idea de los costos ilegales que tienen que pagar las familias que tienen algún componente detenido en esa cárcel”:
“Para pararse en al puerta de acceso hay que dar 100 pesos
Para hablar con un familiar son 200 pesos
Para entrar a la preventiva son 1,500 pesos
Pago semanal por estadía son 600 pesos
Pago semanal por la celda que tiene cama y aire condicionada son 5,000 pesos
Pase de alimentos son 1,000 pesos
Entre otros cobros ilegales”
Manifestó que “Esto es lo que mantiene abierta dicha preventiva, donde los internos son sometidos a abusos y torturas físicas y psicológicas de cada tipo y donde el índice de hacinamiento es de un 200 por ciento”.
Mercedes dijo que alrededor de 30 privados de libertad que por no poder cumplir con el pago de la garantía económica que va desde 2 mil pesos hasta 20 mil, llevan hasta un año de reclusión.
“Hemos visto también mujeres en avanzado estado de embarazo, una de ellas a pocos días de dar a la luz, y personas gravemente enfermas detenidas en esta cárcel”, indicó.
