Casa Abierta tilda de “ultra represiva” polìtica antidrogas que se aplica en RD

Juan Radhamés de la Rosa Hidalgo, director ejecutivo de Casa Abierta.

SANTO DOMINGO.- Contrario a lo que sucede en otras sociedades que avanzan hacia políticas basadas en los derechos, la salud y la inclusión, en la República Dominicana, las autoridades se aferran sin razón o justificación alguna, a una política ultrarepresiva contra las drogas, según Juan Radhamés de la Rosa Hidalgo, director ejecutivo de Casa Abierta.

Dijo que se aferran a una política fracasada que no logra detener el negocio ilegal, y mucho menos el consumo problemático.

“Nuestros dirigentes se niegan a una revisión de estas políticas violatorias de los derechos y la dignidad humana, derechos fundamentales en nuestra constitución”, dijo De la Rosa en un comunicado.
Pidió al Estado respetar los derechos de los usuarios de drogas, de quienes dijo son presas de políticas injustas que les discrimina y estigmatiza, les excluye, les condena, y les mata, o simplemente les deja morir.
Al conmemorarse este sábado el Día Internacional de los Derechos Humanos, la organización sin fines de lucro señaló que los consumidores de drogas pertenecen a una población “especialmente discriminada, estigmatizada y abusada en sus derechos”.
Dijo que este día se conmemora en el país, “con un sistema de justicia desbordado, repletas nuestras cárceles, de ciudadanos y ciudadanas, en su mayoría jóvenes de comunidades empobrecidas víctimas de un sistema que convierte en delito una conducta privada que no tiene ninguna repercusión social”.
“Vivimos en un falso Estado de Derecho, en el que importan más los discursos y alardes de fuerzas, que los resultados de una política injusta, mediocre y contraria a los derechos. Una política de drogas que actúa como una red paradójica, capaz de detener a los pececitos, pero que deja pasar impunemente a los pejes gordos”, agregó.
Dijo que es tiempo de entender que la lucha contra las drogas no debe ser contra las personas inocentes.
“Las personas procesadas injustamente deben volver a sus familias. Ese sería un gesto de sensibilidad humana, y de respeto a la integridad, dignidad y los derechos humanos, a los que se compromete todo gobernante al jurar la Constitución”, concluyó.

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