La sala de audiencias es el silencio que antecede a un portazo. Fría, tranquila, expectante. Y los acusados de recibir sobornos de la constructora Norberto Odebrecht hechos sobriedad y ansiedad, en pie, por tres minutos y 14 segundos, el tiempo que le tomó a la secretaria leerles su futuro inmediato.
Ángel Rondón un año de prisión preventiva en La Victoria. Víctor Díaz Rúa y Conrado Pitaluga, nueve meses en Najayo. Temistocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González, seis meses en Najayo. César Sánchez y Máximo D’ Oleo, tres meses en Najayo. Radhamés Segura y Roberto Rodríguez, nueve meses en prisión domiciliaria. Los legisladores Tommy Galán, Julio César Valentín, Alfredo Pacheco, carantía económica de 5 millones e impedimento de salida.
La negación a lo increíble de Temistocles Montás, ministro de Industria y Comercio, miembro del comité político del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), comenzó ahí. Negando con su cabeza, aporrado por la sorpresa. Arrestado, procesado y enviado a prisión preventiva en una gestión de gobierno del partido que ayudó a construir de la nada.
Su carga a la prisión y el de los demás acusados es el segundo paso de un histórico proceso contra la corrupción administrativa en República Dominicana. La respuesta al movimiento ciudadano que por meses ha llenado las calles de las tres regiones del país, ataviados de verde y con consignas de que paguen en las cárceles del país todos los que tomaron sobornos de la constructora brasileña.
Todo comenzó en diciembre de 2016 con el acuerdo de las autoridades estadounidenses con la constructora Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares de sobornos en el país para hacerse de obras públicas importantes, moviendo el dinero entre los funcionarios que asignaban las obras y los legisladores que gestionaban los empréstitos en el Congreso Nacional. El primer capítulo lo escribió la Procuraduría, que firmó un acuerdo de cooperación con la compañía que ha permitido acceder a delaciones de sus principales ejecutivos, además de una indemnización de 184 millones de dólares, espaciados en los próximos ocho años como resarcimiento al daño causado.
