Lula asistió este sábado en la ciudad paulista de Diadema a un acto en el que asumieron sus cargos los nuevos miembros de la directiva local del Partido de los Trabajadores (PT) e insistió en que la sentencia que lo declaró culpable de corrupción es “política” y producto de lo que califica como una “persecución” que atribuye a sus adversarios.
“Solo el pueblo puede juzgarme”, reiteró el exmandatario, quien ha anunciado su intención de postular otra vez a la Presidencia en las elecciones de 2018, aunque ello sería impedido por la ley si la sentencia dictada en primera instancia fuera ratificada por un juez superior.
En ese documento, la defensa demanda que se “corrijan” una serie de “omisiones” en los autos del proceso, que se basa en la supuesta entrega a Lula de un apartamento en el balneario paulista de Guarujá por parte de la constructora OAS, a cambio de presuntos “favores políticos” hechos por el exmandatario.
Según la defensa, existen documentos que fueron presentados al tribunal y desconsiderados por Moro, entre los cuales citan desde declaraciones de testigos hasta certificados que probarían que la verdadera propietaria del inmueble sigue siendo la constructora.
La apelación será tramitada por el juez Moro, quien no tiene un plazo legal para ello, y si fuera negada el caso pasaría a la órbita de un tribunal federal regional con sede en la sureña ciudad de Porto Alegre, que juzgará el asunto en segunda instancia.
De ese segundo fallo dependerá la eventual candidatura de Lula para las elecciones previstas para octubre de 2018, ya que si la sentencia fuera ratificada antes de que se inicie el proceso la ley le impediría explícitamente postular a cualquier cargo público.
Aunque no existen plazos legales para un juicio en un tribunal superior, lo habitual es que un trámite de esa naturaleza en Brasil demore entre uno o dos años, lo que deja la eventual candidatura de Lula bajo un signo de interrogación.
