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SANTO DOMINGO.- Los Partidos del Bloque Opositor reiteraron que el traspaso abusivo y secreto de la función de forma exclusiva como fue el conteo de los votos a una empresa extranjera, la cual actuó por su cuenta, sin que mediaran la autoridad ni el control de la JCE, vicia de manera grave e incontestable los comicios de mayo de 2016, afectando la legitimidad de las autoridades derivadas de ese proceso.
Por tanto, insisten que la Junta Central Electoral no solo no debe pagar la suma reclamada por la empresa española INDRA, sino que debe demandar a esta empresa para que devuelva el dinero que le fue entregado a cambio de tecnología y escáneres obsoletos e inservibles, cuya inutilidad quedó evidenciada antes, durante y después del proceso electoral de mayo de 2016.
En un documento enviado a la prensa, los partidos opositores afirman que el informe publicado por el departamento de Informática ha confirmado que la Junta Central Electoral, renunciando a sus deberes constitucionales y en violación e incumplimiento de la propia ley que la rige (275-97) y de sus reglamentos, no tuvo el control del proceso electoral del 15 de mayo de 2016, siendo traspasada la función esencial del control de los votos en los tres niveles de elección a la empresa española INDRA.

“Tomando en consideración las informaciones hechas de público conocimiento del Informe del Departamento de Informática de la JCE sobre el uso de los equipos para el registro de concurrentes y el escrutinio de los votos de los colegios electorales de las elecciones generales del 15 de mayo de 2016 acerca de la compra y uso de equipamiento electrónico para las elecciones generales del 16 de mayo de 2016, los partidos de la oposición política consideran que amerita que este hecho no que sin consecuencias”, resaltan.

Reiteraron que el pueblo y el Estado dominicano, por vía de la Junta Central Electoral, han sido estafados mediante la adquisición de tecnología y de escáneres que demostraron ser inservibles, tanto para el proceso electoral pasado, como para ser eventualmente utilizados en venideros procesos entregado a cambio de tecnología y escáneres obsoletos e inservibles, cuya inutilidad quedó evidenciada antes, durante y después del proceso electoral de mayo de 2016.
“La confirmación de estos hechos de extrema gravedad, denunciados desde antes de las elecciones por los partidos de la oposición política, obligan a la profundización de la investigación y al sometimiento ante los tribunales de la República de los responsables de los mismos”.
“De no hacerse, no nos queda otro camino que el llamado a la movilización de la sociedad dominicana para llegar hasta las últimas consecuencias en la meta de garantizar el funcionamiento del sistema democrático y crear las garantías para la realización de elecciones limpias, libres, competitivas y confiables que aseguren la gobernabilidad y la estabilidad de la República Dominicana”, explican.

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