De apenas seis fiscales responsables de encaminar las complejidades que encierra su enorme compromiso como Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), un órgano complementario de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, ese ente acaba de robustecerse ayer con un equipo de 25 oficiales que conducirán la investigación criminal y el ejercicio de acción penal pública.
Además de esta medida, en un nuevo giro ante las expectativas de cambio de los entes de justicia del país, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, ha designado a Yeni Berenice Reynoso Gómez como directora general de Persecución.
Asimismo, el Consejo Superior del Ministerio Público puso bajo la responsabilidad del procurador adjunto, Wilson Camacho, a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
El Consejo aceptó la puesta a disposición del cargo de la magistrada Laura Guerrero Pelletier y colocó a Camacho en la Pepca, de forma interina.
Unidad va a cuarta planta
Germán Brito trasladó la sede de la unidad anticorrupción a la cuarta planta del edificio que aloja a la Procuraduría. La dependencia, que operaba con seis fiscales, ahora tendrá 25 a su disposición.
Además, será fortalecida con la contratación de expertos en áreas de contabilidad, tecnología y finanzas, para reforzar las investigaciones y procesamiento de la criminalidad organizada, en especial de delitos como la corrupción y el lavado de activos.
Mientras, la dirección de Persecución recibirá el reforzamiento de 15 fiscales que también podrán prestar asistencia a la Pepca cuando las investigaciones lo ameriten.
En la reunión del Consejo Superior del Ministerio Público, presidido por Germán Brito, participaron los integrantes de ese órgano, Ana Burgos; el procurador de Corte, José Manuel Aguiló; el procurador fiscal de Santo Domingo Oeste, Edwards López, y la secretaria general, Gladys Sánchez.
COTEJANDO
Los expedientes
La Procuraduría está cotejando varios expedientes de presuntos actos de corrupción que tenía en su poder la fiscal del Distrito Nacional, que les fueron quitados bajo alegato de que estoss habían sido remitidos a esa instancia “de manera segmentada y sin criterio definido”.
