Un tribunal de Minsk condenó este viernes a diez años de prisión al conocido defensor de derechos humanos de Bielorrusia y Premio Nobel de la Paz de 2022, Alés Bialiatski, informó la organización que preside, Viasna.
La jueza Marina Zapasnik consideró culpables a Bialiatski y otros tres activistas de derechos humanos de la organización de contrabando de un grupo organizado y financiación de acciones colectivas que atentan gravemente contra el orden público. Por ello, impuso de 7 a 10 años de prisión a los cuatro defensores de Viasna, según la ONG.
El fiscal Oleksandr Korol había pedido para los activistas de derechos humanos entre 9 y 12 años de cárcel. Los condenados se declararon no culpables durante el juicio.
Además de Bialiatski, el tribunal del distrito de Leninski de Minsk, que empezó el juicio contra el fundador de Viasna y otros miembros de la organización el pasado 5 de enero, condenó a su número dos y vicepresidente de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Valentín Stefánovich, a 9 años de prisión.
«En vez de escuchar la voz del pueblo, una reacción más fuerte llegó a Bielorrusia. Obviamente, la decisión política de las autoridades fue aplastar y destruir a la sociedad civil de Bielorrusia».
La jueza también condenó a 7 años de prisión al coordinador de la campaña «Defensores de derechos humanos para elecciones libres» y abogado de Viasna, Vladímir Labkovich, así como –en ausencia– a ocho años de cárcel al defensor de derechos humanos de la ONG Dmitri Soloviov. Todos menos Soloviov llevan desde julio de 2021 detenidos.
La Fiscalía alegó que los activistas actuaron como parte de un grupo organizado desde el 4 de abril de 2016 hasta el 14 de julio de 2021, con el fin de utilizar el Centro Viasna y otras organizaciones para actividades ilegales y financiación en Bielorrusia.
Según la acusación, cobraron dinero de varias estructuras y fondos de una empresa extranjera y luego, con la ayuda de otras personas, movieron ilegalmente desde el territorio de Lituania importes de al menos 201.000 euros y 54.000 dólares.
Según la causa, «prepararon a los ciudadanos para la participación en acciones colectivas que atentan gravemente contra el orden público, y también financiaron y brindaron apoyo material a tales acciones bajo la apariencia de derechos humanos y actividades de caridad».
