Santo Domingo, 4 ago.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó este viernes hasta el próximo lunes el conocimiento de las medidas de coerción solicitada por el Ministerio Público en la operación Gavilán de borrado de antecedentes penales, a petición de la defensa.
Según un comunicado de la Procuraduría General de la República (PGR), el juez Rigoberto Sena concedió el aplazamiento para que los abogados conozcan el expediente de este caso, en el que aparecen involucrados fiscales, empleados administrativos y policías que habrían operado una estructura nacional que durante años eliminó antecedentes penales de procesados por diversos delitos a cambio de sobornos.
El Ministerio Público, que ha presentado un expediente de más de 300 páginas con cientos de pruebas, pide que se declare el proceso de tramitación compleja y, como medida de coerción, solicita prisión preventiva para los doce imputados que por ahora están implicados en este caso.
Además, se investiga a siete fiscales para quienes se solicitará ante las jurisdicciones correspondientes la designación de un juez especial, conforme establece el marco jurídico para la persecución penal a servidores del sistema de justicia.
OPERACION Y LOS COBROS
Los implicados en la “Operación Gavilán” supuestamente cobraban desde 5,000 hasta 47,000 pesos por retirar los antecedentes penales o fichas de criminales.
Según explicó al MP, el imputado Carlos Santa Abad, coordinador de la Fiscalía de Monte Plata, él se dedicaba a cobrarle a los usuarios para el retiro de las fichas de manera irregular bajo instrucciones del también imputado Mártires Rosario Reyes, quien se desempeña como soporte técnico en la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de la Procuraduría.
Dijo que dicha acción es de aplicación exclusiva de ciertos departamentos centrales de la Procuraduría General de la República.
HABRÍAN ELIMINADO MÁS DE 8 MIL REGISTROS
Trascendió que los implicados habrían eliminado o adulterado más de 8 mil registros penales.
“Utilizaron su posición de empleados con acceso a la base de datos de registros penales para cometer acciones ilícitas en contra de los registros nacionales de procesamiento antecedentes penales” relacionados con casos de narcotráfico, violencia de género, secuestro, homicidio, adulteración de alcohol, lavado de activos, entre otros delitos graves.
El esquema criminal que llevaron a cabo consistía en lo siguiente: solicitud de eliminación de antecedentes, consulta, precio, pago en efectivo o transferencia, eliminación de antecedente, consulta de comprobación, expedición de certificado de no antecedentes penales y, por último, » franqueo» para salir del país.
Para tal fin se asociaron con ex miembros de la Policía Nacional e involucraron a parejas, familiares y allegados para poder mover el dinero proveniente de los sobornos sin que se levantaran sospechas y así evadir la persecución.
Según el MP, los involucrados en el entramado venía operando desde hace muchos años y fue «perfeccionado» después del 2018.
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