Por tanto, insisten que la Junta Central Electoral no solo no debe pagar la suma reclamada por la empresa española INDRA, sino que debe demandar a esta empresa para que devuelva el dinero que le fue entregado a cambio de tecnología y escáneres obsoletos e inservibles, cuya inutilidad quedó evidenciada antes, durante y después del proceso electoral de mayo de 2016.
En un documento enviado a la prensa, los partidos opositores afirman que el informe publicado por el departamento de Informática ha confirmado que la Junta Central Electoral, renunciando a sus deberes constitucionales y en violación e incumplimiento de la propia ley que la rige (275-97) y de sus reglamentos, no tuvo el control del proceso electoral del 15 de mayo de 2016, siendo traspasada la función esencial del control de los votos en los tres niveles de elección a la empresa española INDRA.
Reiteraron que el pueblo y el Estado dominicano, por vía de la Junta Central Electoral, han sido estafados mediante la adquisición de tecnología y de escáneres que demostraron ser inservibles, tanto para el proceso electoral pasado, como para ser eventualmente utilizados en venideros procesos entregado a cambio de tecnología y escáneres obsoletos e inservibles, cuya inutilidad quedó evidenciada antes, durante y después del proceso electoral de mayo de 2016.
“La confirmación de estos hechos de extrema gravedad, denunciados desde antes de las elecciones por los partidos de la oposición política, obligan a la profundización de la investigación y al sometimiento ante los tribunales de la República de los responsables de los mismos”.
“De no hacerse, no nos queda otro camino que el llamado a la movilización de la sociedad dominicana para llegar hasta las últimas consecuencias en la meta de garantizar el funcionamiento del sistema democrático y crear las garantías para la realización de elecciones limpias, libres, competitivas y confiables que aseguren la gobernabilidad y la estabilidad de la República Dominicana”, explican.
