Manifestó preocupación por el deterioro de las condiciones laborales, planta física, escasez de personal, material y equipos con que laboran los representantes del Poder Judicial.
Asimismo, calificó como “un maltrato generalizado” el “clima de terror que, en muchos casos influye las decisiones de los jueces, ya sea por el temor a represalias disciplinarias o mediáticas, alimentadas en muchos casos por denuncias públicas de algunos actores del sistema que, antes de todo proceso, aparecen emitiendo condenas sin ningún tipo de elemento probatorio conocido”.
Sugirió, además, la aprobación de una exención inmediata de impuesto sobre la renta en favor de jueces y fiscales, lo que -en su opinión- implicaría un aumento inmediato en el salario de dichos servidores, sin necesidad de invertir un centavo.
También propuso que el Banco de Reservas financie a jueces y fiscales hasta US$50,000.00 para compra de vehículos importados.
Asimismo, sugirió la entrega de una póliza de vida de hasta RD$10 millones a favor de jueces y fiscales, debido a la elevada peligrosidad de sus funciones, y de un bono educación.
Pidió que el INVI y la DGII establezcan un sistema que permita otorgarle preferencia a jueces y fiscales para la adquisición una vivienda.
Solicitó la aprobación de un nuevo reglamento de garantías laborales que prohíba los traslados no consentidos y estandarice los salarios y pensiones.
