El fallo del tribunal ordena a la directiva de la Asamblea Nacional el despojo de los escaños a los diputados que fueron electos en 2011 por el PLI, que comandaba el líder opositor Eduardo Montealegre.
La Corte entregó la representación del Partido Liberal Independiente (PLI) a un político de poca monta que hasta entonces era desconocido en Nicaragua, Pedro Reyes, quien exigió obediencia a los 20 diputados elegidos en 2011 por el PLI y su aliado, el Movimiento Renovador Sandinista (MRS).
Estos representantes opositores —que desde su elección han denunciado desde el Parlamento las arbitrariedades de Ortega, convirtiéndose en una voz incómoda para el presidente— se negaron a obedecer a Reyes, al que consideran un “aliado silencioso” de Ortega, y éste pidió al Tribunal Electoral que los despojase de sus escaños, decisión que ha tomado este jueves.
De esta manera, Reyes pasa a las páginas de la historia de Nicaragua como el político que entregó todo el poder a Ortega, considerado por la oposición como un mandatario autoritario que quiere imponer una nueva dinastía familiar en el país, que no logra sacudirse un pasado de opresión, dictaduras y guerras.
Varios dirigentes del MRS, fundado en 1994 por el exvicepresidente y escritor Sergio Ramírez y conformado por disidentes del Frente Sandinista, denunciaron en un comunicado publicado en redes sociales que el presidente “ha liquidado la Asamblea Nacional sacando a diputados opositores”. Por su parte, el movimiento Ciudadanos por la Libertad —que aglutina a los simpatizantes de Montealegre y a los diputados opositores despojados de sus escaños— también emitió una nota crítica con la decisión judicial. “Podrán destituir a todos y quitarnos un partido, pero la dignidad y principios nunca”, remarcaba.
Hasta ahora no queda claro cuál será la estrategia de la oposición tras quedar fuera de la competencia electoral y sin su principal fuerza: la representación parlamentaria. Algunas voces abogan, desde el interior del movimiento opositor, un cambio de estrategia y un nuevo liderazgo.
“Se necesita un liderazgo, pero uno que entienda que es temporal y dependiente de ideas, de una plataforma ideológica, no un líder que se haga dueño del partido o siga per sécula seculórum [por los siglos de los siglos]. Precisamente lo que nos pasa a los liberales y a muchos otros partidos en América Latina, es que no tenemos teoría de sucesión. Entonces, cuando se trata de suceder a un líder, ocurre una guerra intestina que termina despedazándonos”, admite el político opositor Eliseo Núñez.
Sin oposición y con todos los poderes bajo su control, ahora a Ortega solo le falta solucionar un problema: encontrar una fórmula más o menos legítima para garantizar la sucesión familiar en el poder y fundar una nueva dinastía.
El mandatario ya ha situado a sus hijos en cargos públicos y al frente de la administración de las empresas que han enriquecido a su familia al amparo de la ingente cooperación petrolera de Venezuela. Pero todavía no ha designado a ninguno de sus familiares como sucesor. En los mentideros nicaragüenses, los rumores apuntan a su mujer, Rosario Murillo, una poderosa primera dama que controla toda la administración pública y cogobierna con Ortega. El mandatario tiene, según la ley electoral, hasta el 2 de agosto para nombrar a su candidato a la vicepresidencia. Y en Managua se cree que la línea de sucesión llega a los pies de Murillo.
